Fiscalía pide 10 años para Zamora y Soliz

La acusación formal fue sustentada en 61 pruebas testificales y 108 indicios documentales.

La Fiscalía presentó una acusación formal contra el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland J. Soliz por el caso YPFB Seguros 2, informó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aldrin Barrientos.

Zamora fue ministro de Hidrocarburos del 14 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020, durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.

Herland Javier Soliz Montenegro fue posesionado como presidente de YPFB el 16 diciembre de 2019, dejó su cargo el 4 de mayo de 2020 a través de una carta presentada a Jeanine Añez, quien ejercía la presidencia de forma inconstitucional.

Soliz alegó que por motivos “estrictamente personales y familiares” dejaba el cargo, pero la decisión surge en medio del escándalo por contratos millonarios relacionados a la compra de combustible y a seguros, que el Gobierno nacional solicitó anular por haber sido hecha de forma directa.

“En este caso se tiene una acusación formal debidamente fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación”, explicó Barrientos en conferencia de prensa.

Según las investigaciones en la etapa preparatoria, en abril de 2020 se firmó un contrato de emergencia y mediante una resolución se vulneraron las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios.

“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, el señor Víctor H. Z., quien en ese momento tenía bajo su autoridad a todo el directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal”, aseveró.

Se acusa a Herland Soliz de haber emitido deliberadamente una resolución, que vulnera las normas, para la contratación y que este acto fue convalidado por el exministro Zamora.

Zamora y Soliz enfrentan este proceso en calidad de rebeldes, puesto que no fueron encontrados por las autoridades.

El Ministerio Público solicitó sentencia condenatoria de todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes.

La Fiscalía aclaró que el proceso de contratación observado fue dejado sin efecto, pero los daños identificados tienen que ver con el funcionamiento del aparato estatal y el perjuicio a la empresa estatal.

AhoraElPueblo

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