La Gobernación de Potosí está embarcada ahora no en un gasto, como iba a ser el de las ambulancias, sino en varios: la construcción de canchas de césped sintético en los municipios y, una vez más, se pasa por alto las normas, incluida la Constitución Política del Estado (CPE).
Una de las complicaciones que frustró la compra de 41 ambulancias para los municipios de Potosí fue la vulneración de normas, atribuida a funcionarios subalternos. Como si esa experiencia no fuera suficiente, la Gobernación de Potosí está embarcada ahora no en un gasto, como iba a ser el de las ambulancias, sino en varios: la construcción de canchas de césped sintético en los municipios y, una vez más, se pasa por alto las normas, incluida la Constitución Política del Estado (CPE).
Eso es lo que se puede ver, con claridad, al revisar las grabaciones de las últimas sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), convocadas expresamente para aprobar los informes de las comisiones sobre los proyectos enviados por el ejecutivo para la construcción de esos campos deportivos. Como de costumbre, el oficialismo aprueba lo que viene del ejecutivo, a veces hasta justificando sus argumentos —pese a que su función es fiscalizadora— y la reducida oposición apenas alcanza a exponer sus argumentos.
No es nada nuevo. El escenario ha sido el mismo en las últimas legislaturas, en las que el MAS ha tenido mayoría absoluta, pero antes no se transmitía las sesiones y es probable que haya ocurrido mucho que el público no llegó a saber. Ahora, con la vigencia de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, los cuerpos legislativos están obligados a transmitir sus deliberaciones y, por lo tanto, el público tiene acceso a ellas. Tan evidente es esto que, en la semana que termina, se suspendió la transmisión de sesiones y la única justificación fue que se había cumplido el contrato de la persona que se encargaba de esa tarea.
MILLONADA
El contrato de las 41 ambulancias fue firmado por 20,5 millones de Bolivianos, pero la suma del costo que tendrán los proyectos de canchas de césped sintético fácilmente duplica esa cantidad. En las sesiones convocadas para ese fin se aprobó 14 informes de comisiones y, así, se pudo conocer el costo de cada proyecto, que oscila entre 2,7 y 3,6 millones de Bolivianos. Así, los 14 proyectos suman más de 48 millones de Bolivianos, pero existen referencias de por lo menos siete más, con lo que se llegaría a 21.
El asambleísta Ernesto Loza, de Alianza Social (AS) integra la comisión económica y dice tener informes en el sentido de que los proyectos serían 41, quizás bajo la lógica de uno por municipio, pero en los 14 cuyos informes ya están aprobados hay por lo menos uno, el de Cotagaita, con dos proyectos, uno en Tocla y otro en Cotagaita misma. “Estamos despilfarrando recursos económicos que costosamente nos vienen de regalías que podían ir a seguridad alimentaria o caminos”, dijo.
Y es que las canchas de césped sintético, que tienen su propia ley departamental, la del fortalecimiento del deporte, no parecen ser prioritarios frente a proyectos de educación, salud y vías camineras, para los que las alcaldías incluso están dispuestas a poner contraparte.
ILEGALIDADES
El problema de fondo es que estos proyectos tienen una limitación constitucional: por imperio del artículo 300 de la CPE, las obras deportivas que construyan las gobernaciones deben ser de uso departamental, pero si un proyecto abarca solo a un municipio, entonces es jurisdicción de su respectiva alcaldía.
Este argumento no ha tenido eco en la ALD. Bajo el criterio de que las provincias también necesitan obras, se están viabilizando proyectos inconstitucionales y hasta provocando colisiones de normas. La Gobernación promulgó una Ley Departamental del Deporte que le faculta a construir canchas con contraparte de las alcaldías, pero otra ley las libera de estas. Esto tampoco ha sido resuelto hasta ahora.
En los últimos días, al oficialismo le ha entrado la prisa por aprobar estos proyectos y Loza cree que eso se debe a que ya está próxima la aprobación del POA 2023. Su organización política, AS, no es del oficialismo ni de la oposición y, según dice, aprueba lo que considera beneficioso para la región, “pero en este caso de las canchas de césped sintético hay que oponernos porque no está en la línea correcta”.
Por: El Potosí