Los cobros son desde el año 2002. En la última negociación, los propietarios aceptaron pagar 90.000 dólares.
Al menos desde 2002, los tres hoteles de sal emplazados en las orillas del Salar de Uyuni son obligados con “acuerdos mutuos” a pagar “aportes voluntarios”, por una especie de comodato de los terrenos que ocupan en la localidad de Colchani, en Potosí. Solo entre el 2015 y el 2018, entre tres establecimientos, pagaron cerca de 100 mil dólares.
“No son cobros, son convenios mutuos que se deben cumplir. Estos aportes voluntarios se dan desde que ellos vinieron a pedir permiso para instalar hoteles, en 2002. Los montos fueron correlativos. Empezaron con unos 500 dólares y fue subiendo a mil, 2.000… de acuerdo al crecimiento de los hoteles”, indicó el presidente de la OTB de Colchani, Javier Mamani Pérez.
Ni hoteleros ni comunarios, y menos autoridades, precisan el total aportado por los hoteles en estos 20 años de “convenios”. El Concejo de Uyuni y la Fiscalía de Potosí iniciaron una investigación, mientras que los actores del rubro piden al Gobierno tomar cartas ante estos “acuerdos” fuera de norma, que se usan para “extorsionar”.
“Trabajamos con el hotel desde 2003. Siempre tratamos de llevarnos bien con la comunidad y estuvimos dispuestos a dar aportes voluntarios para su desarrollo. Lastimosamente, desde hace algún tiempo, estos aportes se volvieron obligatorios. En 2019 nos pidieron dar un monto o irnos, en ese momento se convirtió en extorsión”, se explicó desde el Hotel Luna Salada.
Además de este establecimiento, en la zona también operan los hoteles Palacio de Sal y Cristal Samaña. Ninguno atendió a nuestros requerimientos.
100 mil dólares en cuatro años
Si bien nadie responde sobre el monto total, ambas partes en conflicto cuentan con documentos. Uno de ellos establece que en 2015, Luna Salada llegó a un acuerdo con la comunidad. En un documento protocolizado y con reconocimiento de firmas se estableció un aporte voluntario de 8.000 dólares anuales, cifra que debía mantenerse en el tiempo. Se estima que con ese acuerdo, durante 2015, 2016, 2017 y 2018, el hotel dio un total de 32 mil dólares.
Los otros dos hoteles, de acuerdo a fuentes cercanas, hicieron el mismo pago. Es decir que entre los tres emprendimientos privados, durante esas cuatro gestiones, aportaron 96 mil dólares, casi 100 mil.
“Son acuerdos internos a los que no sabemos cómo llegaron. No compartimos los actos ocurridos ni ninguno que dañe la imagen del departamento. Pero en el marco de la Ley 292 de Turismo no tenemos competencia sobre particulares, la norma nos limita a actos administrativos y sancionatorios a prestadores de servicios. En casos de avasallamiento o extorsión le corresponde al Ministerio Público investigar”, dijo el secretario departamental de Turismo de Potosí, Erick Quispe.
De aportes a extorsión
“Colchani no fue a buscar a los hoteleros, fueron ellos los que vinieron a pedirnos trabajar con la comunidad, en nuestros terrenos y con nuestra sal. Había compromisos de aportes, de trabajo y otros. Pero desde 2019 hasta el 2022 dejaron de cumplir y en asamblea se cuestionó esto. Solo les hemos pedido que cumplan, pero como las gestiones se acumularon y se les hizo mucho, se rehusaron”, señaló Mamani.
Según el dirigente de Colchani fue por este motivo que se desató el conflicto de la semana pasada. Al no haber los aportes, los comunarios decidieron tomar los ingresos a los tres hoteles. Afirmó que ni los caminos u otros establecimientos se vieron afectados.
“Y no fue con los tres hoteles. Palacio de Sal cumplió con los compromisos, por lo que no tuvo ningún problema; Luna Salada, a dos días del conflicto, soluciona y volvió a la normalidad; Cristal Samaña llegó a un acuerdo el sábado y funcionó”, aseveró.
Pero esta no es la perspectiva de los hoteleros. Para ellos las amenazas llegaron en 2019 y fueron el detonante para no dar más aportes. Afirmaron que siempre estuvieron de acuerdo en contribuir a la mejora de Colchani, porque es algo que ellos mismos necesitan para los turistas, pero esta vez fue diferente.
Antes de la pandemia, los tres hoteles recibieron una carta firmada por el entonces corregidor, Óscar Cruz. La nota pedía 25 mil dólares anuales para la comunidad y les daban un plazo de 60 días. De no cumplir, los hoteles debían dejar la comunidad y devolver los terrenos tal cual les fueron dados hace décadas.
“Pese al acuerdo que teníamos de aportes voluntarios, nos pidieron pagar 25 mil dólares y si no lo hacíamos, teníamos que irnos, ahí se convirtió en extorsión. El aporte voluntario se volvió obligatorio y por eso no pagamos desde 2019, porque estábamos siendo extorsionados y queríamos hacer valer nuestro contrato”, explicó Luna Salada.
Aunque los hoteles trataron de negociar, no hubo éxito. Las autoridades comunales no quisieron recibir ningún dinero si no era el monto solicitado.
Llegó la pandemia y pasaron dos años más sin que se logre una solución. Hace poco la comunidad envió una nueva carta. Esta vez pedían 15 mil dólares por las gestiones 2019, 2021 y 2022, en total 35 mil. Sin el pago, el conflicto empezó.
“Pero ya hemos solucionado y no deberíamos estar hablando de esto”, afirmó otro dirigente de Colchani.
La solución llegó con un cronograma de pagos a los que los hoteles se sometieron. Uno de los planes a los que Página Siete tuvo acceso evidencia que el monto acordado por las tres gestiones es de 30 mil dólares. Estos serán pagados en cuotas. Es decir que por los tres hoteles, hasta fin de año, Colchani recibirá 90 mil dólares, que se sumarán a los 96 mil anteriores.
En los hoteles ahora se sienten hostigados, con temor a represalias y a que esto vuelva a ocurrir.
Advierten con investigar a la comunidad y a los hoteles
El miércoles 12 de abril, el Ministerio Público confirmó una investigación contra autoridades originarias y comunarios por la presunta extorsión a los propietarios de los hoteles de sal.
“Se ha dado curso a una denuncia presentada por uno de los afectados, por los delitos de impedir el ejercicio del trabajo”, indicó la fiscala departamental de Potosí, Roxana Choque.
Esta no es la única investigación. El concejal del municipio de Uyuni Limberth Choque afirmó que en esta entidad se conformó una comisión especial para indagar el hecho.
“Estamos preocupados por cómo están asentados estos hoteles en las orillas del salar. Hay diferentes versiones y hay que generar reuniones tanto con los hoteleros como con la comunidad de Colchani”, indicó la autoridad.
Manifestó que, si bien los cobros son irregulares, también hay duda por los asentamientos. Aseguró que toda inversión privada debe realizarse mediante una solicitud al municipio, algo que en estos casos no ocurrió o por lo menos se desconoce.
“En este tipo de casos los terrenos deben ser expropiados y dados a los privados. Esto no se realizó y creemos que por eso hay este problema”, afirmó.
Puso como ejemplo el caso del distrito indígena de Coroma, donde una empresa privada quiere instalar un surtidor. En este caso, dice, hay cierta demora porque se está siguiendo el curso regular para poder disponer de los terrenos.
“Los inversionistas hoteleros debieron seguir este curso. Colchani como TCO (Tierra Comunitaria de Origen) no podía urbanizar ni designar terrenos en una reunión. Autoridades e inversionistas incurrieron en faltas. Si hay regalías, deberían entrar al municipio”, sostuvo.
Pero no todos están de acuerdo con quién tiene la jurisdicción. El economista e investigador del litio y el salar Milton Lérida afirmó que el gran Salar de Tunupa (Uyuni) está ubicado íntegramente en la provincia Daniel Campos. Afirmó que los hoteles de sal están construidos sobre el territorio de la Segunda Sección Municipal de Tahua y, por tanto, “nada tiene que ver con Uyuni”, capital de la provincia Quijarro, que no tiene salar.
“La provincia Daniel Campos es desde la línea del ferrocarril que divide al pueblo de Colchani hacia el salar. Desde la línea férrea hacia el este, le corresponde a la jurisdicción de la provincia Quijarro y el municipio de Uyuni. Los hoteles están del lado de Daniel Campos y no han sacado licencia de funcionamiento donde corresponde”, indicó.
Sin embargo, otros sectores señalan que tampoco corresponde a esa jurisdicción, ya que la Ley 2564 de 2003 declara las 2.190.500 hectáreas del salar en reserva fiscal. Establece que la costra salina se encuentra en Potosí, pero deja claro que está bajo tuición del Estado.
Si bien los hoteles no están en la costra salina, sino en la orilla, podría ser que estén dentro del área demarcada como estatal.
Desde la comunidad de Colchani, Mamani afirma que este territorio es parte de la TCO Tolapampa y, por tanto, tiene su propia jurisdicción.
“En la titulación el Gobierno fue muy claro, dijo que aquí nosotros somos dueños y señores. Como Colchani estamos dentro de una TCO y eso debe respetarse. Los empresarios no quieren cumplir porque se creen dueños, quieren tener el derecho propietario, pero eso no es factible dentro de una TCO y menos sin una consulta previa. Han ido a autoridades superiores, pero han quedado en cero porque no se puede”, manifestó Mamani.
Pero ahí surge otra duda, ¿qué pasa con los otros ayllus de la TCO? Según la ley, la disposición de los terrenos debería consultarse con todos y las ganancias deberían llegar a todos.
“Colchani está en la titulación de Tolapampa, pero cada comunidad administra el territorio que le corresponde. A Colchani le corresponde esto. Además los convenios entre la comunidad y los hoteleros se han hecho antes de que se titule la TCO”, argumentó Mamani.